La Asociación Segundo Maestro y la Red Estatal de Defensa del Derecho a la Educación Inclusiva (REDIN) han presentado una denuncia jurídica contra las enmiendas 112, 113, 114 y 143, incorporadas por el Senado al proyecto de reforma del Real Decreto Legislativo 1/2013. Este miércoles 16 de septiembre se votará en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley de Dependencia, y el Partido Popular ha introducido tres enmiendas que atacan directamente el derecho a la educación del alumnado con discapacidad.
La denuncia advierte de que estas modificaciones pueden suponer un retroceso en el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad y entrar en conflicto con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución Española y la Ley 15/2022.
¿Dónde está la preocupación?
Resuminos aquí lo princioal para saber de qué estamos hablando:
- Enmienda 112: equipara en la norma distintas modalidades de escolarización —centros ordinarios, educación especial, escolarización combinada y aulas específicas—, lo que, según la denuncia, puede convertir opciones que deberían ser excepcionales en alternativas ordinarias.
- Enmienda 113: crea los llamados «itinerarios educativos y formativos de las personas con discapacidad». La principal crítica es que una evaluación psicopedagógica pueda terminar determinando qué recorrido educativo puede seguir un alumno, en lugar de servir para identificar barreras, apoyos y ajustes necesarios. Además, se advierte especialmente sobre la posibilidad de que determinados programas de formación puedan utilizarse como sustitutos de la ESO, que continúa siendo una enseñanza básica y obligatoria también para las personas con discapacidad.
- Enmienda 114: elimina del texto algunas obligaciones concretas de los servicios de orientación educativa, entre ellas identificar las barreras, proponer su eliminación y explorar las posibilidades de inclusión en centros ordinarios.
- Enmienda 143: propone eliminar la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, que establece un mandato para dotar progresivamente a los centros ordinarios de los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad.
¿Debe adaptarse el alumno al sistema educativo o debe transformarse el sistema para garantizar su derecho a estar, participar, aprender y progresar?
La posición de Segundo Maestro y REDIN es clara: la discapacidad no puede convertirse en motivo para limitar el acceso a determinadas enseñanzas, ni la falta de recursos de un centro puede convertirse en una supuesta necesidad del alumno.
La educación inclusiva implica eliminar barreras, proporcionar apoyos y realizar los ajustes razonables necesarios dentro del sistema educativo general. Por ello, solicitan al Congreso que rechace o reformule las enmiendas 112, 113, 114 y 143 y que la futura legislación garantice plenamente el derecho a una educación inclusiva.
Porque el proyecto de vida de una persona no debería quedar condicionado por una decisión administrativa tomada durante su infancia, teniendo en cuenta el desfase de desarrollo que puede tener una persona con autismo y que eso sea algo inamovible, especialmente a edades muy tempranas donde ya se determine que el alumno con autismo por su discapacidad debe ir a ciertos itinerarios y no va a disponer de las mismas opciones de elección que tiene el resto del alumnado sin discapacidad.
Puedes leer la denuncia jurídica de Segundo Maestro sobre este tema aquí:
Si quieres hacer algo para cambiar esto, puedes unirte a la Plataforma REDIN (Red Estatal de Defensa del Derecho a la Educación Inclusiva) en la denuncia de estas enmiendas y enviarlo a info@segundomaestro.es
La inclusión no consiste en decidir dónde separar. La inclusión consiste en transformar el sistema para que nadie tenga que ser separado por razón de discapacidad.
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